Historia de los procesos inflacionarios en Argentina

Monday, February 3, 2014

Para comprender cabalmente la historia de los procesos inflacionarios en la Argentina conviene explicar primero que es el fenómeno de inflación; ésta es la impresión de papel moneda y aumento de su circulación por encima del ritmo del crecimiento real de la economía; si un gobierno, que tiene el manejo del Banco Central, decide emitir papel moneda para aumentar sueldos o pagar deudas a un ritmo mayor al crecimiento del PBI, ésto provocará inflación. Es decir, el gobierno con la emisión monetaria excesiva genera un aumento elevado de la demanda, pero como no sube la oferta de productos en el mercado debido a que no hay un aumento genuino y real de la producción esto provoca un aumento generalizado de precios, devaluándose simultáneamente la moneda en relación a las monedas de países con economías estables o fuertes. El papel moneda carece de valor intrínseco, siendo su valor sólo simbólico, respaldado por la confianza de los inversores en las instituciones de una nación. El dinero no es alimento, no es vestimenta, no es un medicamento, etc, es sólo papel; sólo tiene valor cuando un sistema político-institucional y una sociedad lo hacen circular para abrir las puertas del comercio, reemplazando al trueque de la antigüedad. En el fondo, lo que vale realmente en una economía son las materias primas (comodities), la infraestructura (plantas generadoras de energía, caminos, puentes, puertos, etc), la mano de obra capacitada, y la confianza en un sistema político que dé previsibilidad a muy largo plazo.

La historia de las espirales inflacionarias comienza con los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, donde el gasto público se elevó en más de 1.000 %, con la estatización de los ferrocarriles, de la marina mercante, etc. De ser eficientes o manejables, las empresas que pasaron bajo el control del Estado argentino se convirtieron en altamente deficitarias, transformándose en herramientas políticas y demagógicas. Con Perón las empresas eran fuentes inagotables de empleos ficticios. Durante este período, para trabajar en una empresa del Estado no había que ser un técnico capacitado en algún oficio, ya que sólo bastaba con presentar un carnet de afiliado al partido peronista para conseguir trabajo. A ésto se sumaba el derroche del dinero del erario público en gastos de propaganda del partido de gobierno y organización y montaje de grandes actos partidarios. De esta manera, en 1954, un año antes de la Revolución Libertadora, la tasa inflacionaria fue del 180 % anual, lo que fue un gran golpe al otrora prestigioso y fuerte Peso Moneda Nacional, creado durante la segunda presidencia de Roca. La tasa inflacionaria total de los dos períodos de gobierno de Perón sumó un total de casi 600%.

A partir de 1955, con Perón en el exilio, se logró desacelerar y controlar la inflación, reduciendo el gasto público excesivo y mermando la sobre-emisión monetaria. A partir de ese momento, las fuentes principales generadoras de empleo dejó de ser el Estado a través del aparato del partido, para ser las empresas privadas y el campo los dadores de empleos genuinos. A partir de 1957, con la aprobación del art. 14 bis de la Constitución Nacional, durante la presidencia del General Pedro E Aramburu, las jornadas laborales limitadas a 8 horas máximas, vacaciones pagas, jubilación y el salario mínimo vital y móvil pasó a tener rango constitucional. Durante el período 1966-1973, con las presidencias de Onganía-Levingston-Lanusse, la inflación era relativamente baja, fluctuando entre el 8 y el 18 % anual, con tasas de intereses también bajas, y las empresas podían tomar crédito para nuevos emprendimientos. En este período el Estado nacional planificó y realizó grandes obras de infraestructura de generación de energía eléctrica, de caminos y puentes, como los embalses de Chocón Cerro Colorado, Cabra Corral, Termas de Rio Hondo, etc, como así también el tunel subfluvial de la provincia de Santa Fe y el puente Zárate Brazo Largo, etc. Pero para estas obras el Estado nacional no recurrió a la emisión monetaria espuria, sino al crédito internacional con intereses bajos. Sin embargo, a partir de marzo de 1973, con el retorno del peronismo vendría de nuevo el fantasma de la inflación.

En 1972, el presidente de facto, el General Alejandro Agustín Lanusse, llama a elecciones generales para marzo del año siguiente. Se impuso el peronismo con la fórmula Héctor Cámpora-Solano Lima. El nuevo presidente comenzó a aumentar los gastos incrementando el número de funcionarios, entre los que figuraban elementos de células terroristas de izquierda. Esto último no le gustó a Perón y, cuando él regresó al país, fue tanto la presión del ala derecha del peronismo, que Cámpora se vió obligado a renunciar y convocar nuevas elecciones. Al finalizar el año 1973, ya con Perón e Isabel Martinez en el poder, la tasa de inflación había ascendido al 70% anual, la cual se duplicaría en el año 1974, con el gran lastre de las empresas estatales altamente deficitarias, a lo que se sumaba la estatización de YPF. Era tan alto el deficit fiscal, que el valor ficticio del dólar y el precio de los combustibles y las tarifas de transporte público no se los pudo contener más y, en junio de 1975, el ministro de economía Celestino Rodrigo sinceró la situación devaluando la moneda en más del 160 %, con subas de tarifas en igual proporción. De esta manera, con el "Rodrigazo", se aceleró la espiral inflacionaria, ya fuera de control, y hacia finales de 1975 se registró una hiperinflación de 3.500%, con los salarios pulverizados, más la gravedad de la violencia de los atentados de los grupos terroristas de extrema izquierda como ERP, Montoneros y FAR, con asesinatos en masa con bombas, secuestros extorsivos en centros clandestinos de detención (cárcel del pueblo) de empresarios, militares y sindicalistas, y ataques a unidades militares.

Con el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, se logró bajar y contener la hiperinflación, reduciendo el gasto público. Sin embargo, Videla sería reemplazado por otros generales en el poder y, para finales del gobierno militar, en 1983, se registraría tasas inflacionarias de alrededor de 350% anual. El gobierno de Raul Alfonsín tampoco lograría contener la inflación, por el gran peso de todas las empresas públicas, que harían de la Nación Argentina un Estado elefantiásico: inmenso, gigantesco, pero terriblemente ineficiente y burocrático. De nada serviría el plan Austral y la nueva moneda que implementó su ministro Juan V Sourrouille a mediados de 1985, que había arrancado con un congelamiento de precios. En 1989, para fines del gobierno de Alfonsín se registraría una hiperinflación de 5.400% anual.

El gobierno de Carlos Saul Menem, y de la mano de su ministro de economía Domingo Cavallo, logró bajar sensiblemente la inflación luego de dos años de gobierno con la implementación de una nueva moneda: el peso convertible a 1 dólar. De esta manera, en la década de 1990 se registraron tasas de inflación anuales de sólo 6% en promedio, inédito en Argentina, y con crecimiento (salvo los dos últimos años). Esto fue sólo posible, gracias a la gran reducción del deficit fiscal, con la privatización de todas las empresas estatales, el dinero de cuyas ventas sirvieron para engrosar las arcas del Banco Central, que pasó a ser un ente autárquico e independiente del poder ejecutivo, con políticas propias. Con la ley de la convertibilidad, el Estado nacional ya no podía imprimir papel moneda para financiar déficit o realizar pagos, sino que tenía que recurrir a los préstamos internacionales.

Como bajo la ley de la convertibilidad ya no se podía imprimir papel moneda para financiar los gastos de la política, los gobernadores provinciales, en su afán de perpetuarse en el poder, endeudaron terriblemente los estados provinciales, empleando la mayor parte del dinero, no para el desarrollo de sus pueblos, sino para mantener un "aparato" político de prevendas que los mantengan en el poder. Este gran endeudamiento de las provincias y el Estado nacional no desembocó ya una hiperinflación (porqué no se podía imprimir papel moneda) sino en una gran implosión económica, con cesación de pago de la deuda externa, que tendría lugar en diciembre del año 2001 durante la presidencia de Fernando de La Rúa, obligando al presidente de facto Duhalde, quien junto a Raul Alfonsín, presuntamente habrían orquestado el golpe institucional contra de La Rúa, el abandono de la ley de la convertibilidad y a la devaluación, lo que provocó un rebrote inflacionario, que afortunadamente, su ministro de economía, Roberto Lavagna, y el presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, pudieron exitosamente contener (gracias al gran crecimiento de las exportaciones y el superávit comercial).

Lamentablemente, con el alejamiento de Roberto Lavagna y Prat Gay en el año 2005, comenzaron de a poco a aumentar los gastos del Estado argentino durante la presidencia de Néstor Kirchner para mantener y agrandar aún más el "aparato". La situación empeoraría con la asunción al poder de Cristina Fernández de Kirchner a partir del año 2007. Se produjo la re-estatización de Aerolíneas Argentinas y la de la petrolera española YPF, luego de una expropiación ilegal anti-constitucional por haberse hecho sin indemnización previa y antes de una aprobación del Congreso, siendo violatorio del artículo 17 de la Constitución Nacional. Estos dos grandes errores económico-político provocarían una gran desconfianza por parte de los inversores en el gobierno de Cristina Fernández, que aceleró aun más el drenaje de capitales en dólares hacia el exterior por su política agresiva/extorsiva contra los inversores. Con la implementación del cepo cambiario, provocarían el aumento del dólar, es decir la devaluación del peso y la creación del mercado marginal, o dólar blue. A principios del año 2014, se produzco una devaluación importante (1 dolar=8 pesos legal, y 1 dolar= 13 pesos el marginal). A principios de febrero del 2014, los analistas de los principales diarios y revistas de economía a nivel mundial, como The Wall Street Journal, Financial Times y The Economist, pronosticaron con mucha seguridad, que se producirá una mega devaluación y una gran exploción hiperinflacionaria descontrolable, con las arcas del Banco Central totalmente vacía, con conflictos sociales y principios de una guerra civil si Cristina Fernández de Kirchner continuaba indefinidamente en el poder con su política de derroche del dinero del Estado. Afortunadamente no fue así.